En un contexto en que el conocimiento es la principal disputa actual, la ciencia y la tecnología se constituyen como los principales instrumentos para lograrlo. En el mismo sentido, la inversión estatal, la inversión privada, los recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento son los parámetros que indican la fortaleza del sistema. Cada país tiene un sistema de ciencia, y estos parámetros determinan la solidez del mismo. En este sentido, Roberto comenzó por reconocer las capacidades del sistema científico tecnológico en nuestro país, pero sin dejar de marcar algunas trabas que se presentan para articularlo. Por ejemplo, la multiplicidad de organismos de desarrollo científico, que dificultan la coordinación de los procesos de desarrollo. Si bien existe el Consejo interinstitucional de ciencia y tecnología, no es suficiente para direccionar la política del conocimiento en un sentido productivo estratégico.
Otro inconveniente importante que se presenta es la inversión, uno de los ejes centrales del conocimiento. En 2019, Argentina invertía el 0,46% de su PBI en ciencia y tecnología, en tanto que países como Israel, Corea o Japón rondan el 4%. Esto, dice Roberto, se explica por múltiples factores, pero fundamentalmente es el proyecto político el que determina el sistema científico. Durante el Gobierno de Cambiemos, la inversión se redujo un 50% (antes, estaba en torno al 0,65% del PBI) por una cuestión ideológica: si el gobierno considera que el país debe dedicarse a la exportación de productos primarios, es lógico que no fomente el desarrollo científico-tecnológico. Sin embargo, dice Roberto, es el sector estatal el que, en todo el mundo, invierte en Ciencia y tecnología. El sector privado no está dispuesto a invertir y asumir los riesgos, en general. Son contadas las excepciones. Por ello, el sistema debe fortalecerse desde el Estado.
En ese sentido, es importante destacar que la nueva ley de ciencia y tecnología pretende fortalecer el sistema, pasando de un 0,46% de inversión estatal actual al 1% hacia 2032.
Otra mirada interesante respecto de la inversión pública en ciencia, es la distribución regional de esos recursos, la federalización y la equidad a la hora de pensar la inversión pública. Allí se encuentran ciertas irregularidades que es necesario corregir. Toda la región Norte del país, es decir el NEA y el NOA, están sustancialmente debajo del promedio del país en cuanto a recursos invertidos en ciencia y tecnología por habitantes. Mientras en otras regiones hay una mayor cantidad de investigadores por habitante (3 investigadores cada mil, en promedio), en el NEA sólo hay un investigador cada 1000 habitantes.
Sin embargo, una de las particularidades de la nueva ley de ciencia y tecnología es que busca corregir las asimetrías en el territorio y por ello destina un 20% de los recursos asignados a las regiones más relegadas. No obstante, la ley exige que existan proyectos viables para financiar, con lo cual obliga a las provincias a tener un plan estratégico en ciencia.
Una manera distinta de parametrizar el estado del sistema científico es medir la cantidad de investigadores que posee cada país. Actualmente, la Argentina cuenta con 60.000 investigadores full time, ubicándose por encima de toda Latinoamérica. De hecho, comenta Roberto, Argentina tiene el mejor sistema científico-tecnológico de América Latina, y las pruebas están a la vista: desarrolla conocimiento nuclear, biotecnología, tecnología satelital, entre otras.
Por otro lado, la articulación entre la ciencia y la tecnología es otro factor a considerar: aplicar los desarrollos científicos a la producción se constituye como un gran desafío, tanto en lo financiero como en lo logístico. Un claro ejemplo de esto son los test de covid o los barbijos con nanotecnología desarrollados por CONICET. El desarrollo tecnológico vino a cubrir una necesidad en tiempo y forma pero, sin embargo, llevarlos a la práctica implicó una segunda dificultad: conseguir los insumos -que el mundo entero estaba buscando-, armar la cadena logística y, fundamentalmente, financiar un proyecto de esa envergadura, excede al hecho meramente científico. Allí es donde tanto el Estado como el sector privado deben apuntalar los procesos de desarrollo, ya sea a través de convenios estratégicos o de diversos mecanismos de exención impositiva o de incentivos fiscales para fomentar la puesta en marcha de proyectos científicos con fines productivos.
Por último, para culminar la charla, Roberto vinculó el sistema científico con nuevos paradigmas, como el cuidado del ambiente y las prácticas responsables en los procesos productivos y tecnológicos. No es posible, dice Roberto, que la ciencia siga avanzando sin una mirada global del mundo y de las consecuencias que las prácticas actuales tienen para el medioambiente. Si bien es cierto que las demandas sociales son cada vez mayores y que la ciencia se preocupa por abastecer esas demandas -muchas veces de manera nociva para el medioambiente-, los sistemas científico-tecnológicos tienen que dar la discusión y ser punta de lanza en una transición hacia modelos de producción más sustentables. Asimismo, destacó que no debe evaluarse el concepto de medioambiente desde una perspectiva eurocentrada sino latinoamericana, que priorice las necesidades y fortalezas de la región.
La charla continuó con un intercambio entre Roberto y los diversos participantes, con consultas que rondaron en torno a lo charlado durante la conferencia.
Desde la Escuela de Gobierno agradecemos al Dr. Roberto Salvarezza por su tiempo, dedicación y compromiso, y a todos los asistentes, por haber participado en un espacio de debate que enriquece y nos marca el camino del desarrollo a través del consenso y la puesta en valor del conocimiento.